La actividad cinegética, sostenible y como fuente de riqueza, no puede ser extirpada en una comunidad rural con más de 120.000 licencias

Alejandro García Rebollo

Las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado mes de marzo una iniciativa con rango de ley que salvaba la prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la actividad cinegética. El veto que ha estado en vigor hasta la actuación de las Cortes no tenía en cuenta ni el sentir de los habitantes de la Comunidad, ni las necesidades agrícolas y forestales a las que la caza da respuesta, en un territorio donde casi el 90% de la superficie es zona de caza.

Lo primero que hay que comprender para regular esta actividad es que España es un territorio muy rico y lleno de contrastes, tanto en sus paisajes, como en sus tradiciones y formas de pensar. Los castellanos somos mas tradicionales, orgullosos de nuestra tierra y las costumbres heredadas de nuestros antepasados, defendemos lo nuestro y la caza es una actividad enraizada en nuestro ser desde hace cientos de años.

No solo son los cazadores los que defienden la caza. Son los agricultores, que han visto como aumentaba la población de conejos o corzos, con grandes pérdidas en sus cosechas. Son los habitantes del medio rural, que defienden sus tradiciones y cultura. Son los amantes de la tierra, conscientes del delicado equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana.

El avance humano debe ser parejo al desarrollo de la sociedad, pero la España cosmopolita, enclavada en ciudades y sin el mínimo contacto con la naturaleza, no puede discernir lo que es más adecuado en este tema. Iniciemos un debate donde los actores principales sean los habitantes del medio rural, personas amantes de la naturaleza y conocedoras de la bondad de la caza porque ¿Si es una actividad tan negativa, por qué es tan necesaria?